Los negociadores alcanzaron un compromiso para debilitar significativamente la ley de cadena de suministro de la UE, que ahora solo se aplicará a grandes empresas con más de 5.000 empleados y una facturación de 1.500 millones de euros.Se ha eliminado la responsabilidad civil por violaciones de derechos humanos a nivel de la UE, y las empresas que incumplan se enfrentarán a sanciones de hasta el tres por ciento de su facturación neta mundial.