Un juez federal en California amplía una orden judicial nacional que prohíbe a Immigration and Customs Enforcement realizar arrestos en tribunales de inmigración y restablece un límite de aproximadamente 12 horas para las detenciones breves.El juez del distrito P. Casey Pitts determina que la agencia y el Executive Office for Immigration Review actuaron de forma arbitraria y caprichosa y violaron el Administrative Procedure Act, además de plantear dudas sobre protecciones del Quinto Enmienda.La orden restablece las restricciones de la era Biden, que permiten arrestos en sala sólo en circunstancias estrechas como amenazas a la seguridad nacional o peligro inminente, y rechaza la ampliación de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump.El Department of Homeland Security criticó la resolución, el asesor legal
James Percival la calificó de "naked judicial activism" y figuras como
Ron DeSantis sostienen que la decisión dificulta la aplicación de la ley mientras la administración anuncia un recurso.