Miles de manifestantes exigen que las personas sin papeles abandonen el país, provocando salidas masivas y repatriaciones organizadas por varios gobiernos africanos.Grupos antiinmigrantes como March and March, Operation Dudula y Progressive Forces impulsan la campaña mientras el presidente Cyril Ramaphosa condena la violencia y recalca que la aplicación de la inmigración es responsabilidad del Estado.El South African Police Service despliega miles de agentes en Johannesburgo, Durban y Pretoria, abre más de 100 causas penales contra grupos de justicieros y mantiene unidades militares en espera para evitar nuevos ataques.Negocios propiedad de extranjeros cierran, el transporte público sufre interrupciones y sindicatos junto al South African Human Rights Commission instan a trabajar donde sea seguro mientras las ONG piden refugio y protección legal para los desplazados.