El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con otros 18 estados de EE. UU., presentó una demanda contra la administración Trump impugnando una nueva tarifa de $100.000 para las solicitudes de visa H-1B.La demanda argumenta que la tarifa, que Donald Trump justificó como una medida para frenar la explotación y priorizar a los trabajadores estadounidenses, excede la autoridad presidencial, fue establecida arbitrariamente y crea una barrera ilegal para los empleadores en servicios esenciales como la educación y la atención médica.La portavoz de la
Casa Blanca,
Taylor Rogers, defendió la tarifa como legal, mientras que las fiscales generales
Andrea Joy Campbell de Massachusetts y
Letitia James de Nueva York también destacaron su impacto perjudicial, marcando este como el tercer desafío legal.