Un video de una redada de inmigración en mayo en Worcester que muestra a agentes sujetando a una joven de 16 años ha reavivado el debate sobre las grabaciones de testigos, después de que The Intercept publicara una investigación sobre cómo la agenda migratoria del segundo mandato de Donald Trump ha ayudado a crear una industria de deportación orientada al lucro.La investigación destaca el caso de Kilmar Ábrego Garcia, deportado por error a la prisión CECOT en El Salvador y posteriormente puesto en libertad por un juez de Maryland, y advierte que los contratos de ICE y DHS con empresas como CoreCivic, GEO Group, Palantir, Ring y Flock Safety generan archivos de vigilancia que pueden documentar abusos y también servir para identificar y perseguir a migrantes y activistas.