El juez federal R. Brooke Jackson dictaminó que los agentes de inmigración solo pueden detener a personas sin orden judicial si hay causa probable de que están en el país de forma irregular y que pueden huir. La decisión se produjo tras una demanda de la American Civil Liberties Union of Colorado y otros abogados, y
Tricia McLaughlin del DHS calificó la sentencia de "activist ruling" y negó discriminación racial.