El Tribunal de Cuentas publicó las razones que consideran el decreto del Ministerio de Transportes que aprobó cambios en el contrato del Puente del Estrecho de Mesina incompatible con las normas de contratación de la UE, después de que el gobierno presentara una enmienda presupuestaria que aplaza 780 millones de euros hasta 2033.Los jueces señalaron probable vulneración del artículo 72 de la directiva UE 2014/24, incertidumbre sobre una actualización valorada en 787.380.000 euros y que el paso a financiación íntegramente pública altera sustancialmente la naturaleza del contrato.Angelo Bonelli, Chiara Braga y Antonio Nicita pidieron dimisiones, cumplimiento legal y la reasignación de fondos, mientras el Senado debatía un maxiemendamento certificado que remodeló la ley de estabilidad con cerca de 3.500 millones de euros para medidas a favor de las empresas.