Los defensores de las víctimas han calificado de leve la condena de ocho años y medio tras revelaciones de que Fernando P. filmó 34 agresiones a su esposa y compartió las grabaciones en foros de chat, confirmando que la drogó, violó y distribuyó los vídeos entre 2018 y 2024.Fue detenido en febrero de 2025 en la escuela donde trabajaba después de que periodistas de STRG F descubrieran una red de canales de Telegram con instrucciones y las grabaciones, y el juicio –celebrado en gran parte a puerta cerrada– permitió que la víctima testificara públicamente, un proceso elogiado por su abogada Nicole Servaty por darle voz.