El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha devuelto el caso a un tribunal danés para que determine si el criterio de residentes «no occidentales» constituye trato desigual, tras un recurso contra el «ghetto package» de 2018 que provocó demoliciones y realojos forzosos.La disputa se centra en Mjølnerparken, en el noroeste de Copenhague, donde las excavadoras despejaron viviendas sociales y más de 1.000 personas se vieron obligadas a marcharse después de que el barrio fuera etiquetado como «ghetto» y luego renombrado «área de transformación» en el programa «Una Dinamarca sin sociedades paralelas: No más ghettos para 2030».Trece demandantes encabezados por Majken Felle sostienen que el umbral numérico discrimina por origen étnico, el ex residente Muhammad Aslam acusó a Mette Frederiksen de señalar «enemigos», y la jurista Kirsten Ketscher advirtió que una derrota podría impedir nuevos realojos forzosos mientras las autoridades planean demoler más de 4.000 unidades y vender más de 600 en 18 áreas.